“La bicicleta se convertirá en un símbolo y una seña de identidad de Andalucía, particularmente de sus ciudades y áreas metropolitanas, y en un elemento estratégico de su modelo de movilidad”. Así afirmó la consejera de Fomento y Vivienda de la Junta, Elena Cortés (IU), en la presentación del Plan Andaluz de la Bicicleta, que contará -desde 2014 hasta 2020- con una inversión de 420 millones.
Según se aprecia en la página web de la Consejería de Fomento y Vivienda, este plan supondría la construcción de 1.064 km de vías ciclistas en las ciudades y áreas metropolitanas de Andalucía, que se sumarían a los 908 km existentes. Además, se prevé implantar una red autonómica de más de 3.000 km compuesta por cinco ejes longitudinales (Sierra Morena, Guadalquivir, Campiña y Subbética, Sur y Litoral) y tres ejes transversales (Sierra de Huelva-Campo de Gibraltar, Genil-Costa del Sol y Cazorla-Carboneras).
“La bicicleta no puede vertebrar todo el territorio”
Sin embargo, la contestación del PP ha sido rotunda. Si la consejera de Fomento de IU apuntaba que este Plan era “único y pionero en España” y que favorecía un “nuevo modelo productivo”, el portavoz de Infraestructuras del Parlamento andaluz, Jaime Raynaud, ha tachado de “spots publicitarios baratos” las palabras de Cortés, así como ha afirmado que “la bicicleta no puede vertebrar todo el territorio” y que el millón de euros invertidos por la Junta en los carriles bici sólo ha generado siete empleos. Asimismo, el PP apuntó que lo que la Junta precisa es que “vaya al tajo, pague, invierta”, así como impulse la “colaboración público-privada”, según recoge el diario Libertad digital.
Si bien el Plan Andaluz de la Bicicleta pretende que en 2020 haya más de 5.000 kilómetros de vías ciclistas en la región y considera que la construcción de carriles bici generará más empleos que la construcción de carreteras – unos 15.000 empleos hasta 2020-, Jaime Reynaud recordó que esta hipotética cifra es cinco veces menor que los más de 81.500 empleos directos que se habrían destruido en Andalucía al paralizar, desde 2009 a 2014, la obra pública de la Junta.