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Inés Sabanés asegura que BiciMad llegará al sur de Madrid

La bici pública ha protagonizado un cruce de acusaciones entre oposición y Ayuntamiento. Sabanés ha apuntado que BiciMad tiene margen de crecimiento hacia la zona sur.

La concejal delegada de Medio Ambiente y Movilidad en el Ayuntamiento de Madrid, aseguró este miércoles que BiciMad crecerá hacia el sur de la capital. Lo ha hecho en una reunión de la comisión del ramo en la que se ha producido un intercambio de acusaciones entre el equipo de gobierno municipal y la oposición.

El concejal del Partido Popular, Pablo Cavero, acusó a Ahora Madrid de “marcar la frontera en el río Manzanares” y congelar la inversión en el sur de la capital, a lo que Sabanés respondió acusándole de importarle poco las bicis “y mucho menos el sur de la capital”.

La directora general de Movilidad, Paz Valiente, explicó que si no se ha llevado a cabo la ampliación del servicio es porque hay una serie de condiciones sujetas en el contrato que imposibilitan adquirir más de 500 nuevas bicicletas al año y la última ampliación de bicicletas -solicitada por el equipo de Gobierno anterior- fue de 468, con lo que ahora por pliego no se podrían pedir más.

“Los límites del contrato y de la ampliación los marcaron ustedes; si la ampliación no estaba finalizada es su propia responsabilidad”, ha recriminado Sabanés al concejal del PP. La concejala aseguró que el Ayuntamiento verifica regularmente el cumplimiento del contrato por el que se rige el servicio de bicicletas públicas de Madrid y que se evalúa la calidad a través de una serie de indicadores previstos en los pliegos. Según ha explicado su departamento en una nota de prensa, en el cuarto trimestre de 2014 se detrajo el 53 % del importe previsto en los pliegos para el cumplimiento de los indicadores de servicio (20% de lo ejecutado en el trimestre), así como un 16 % en el primer trimestre del 2015, y el 100 % en el segundo y tercer trimestre.

La empresa Bonopark, que gestiona el servicio público de alquiler de bicicletas BiciMad, pierde 300.000 euros al mes y avisó en octubre al Ayuntamiento de Madrid de que en caso de seguir así deberá presentar un concurso de acreedores. Fue precisamente ese mes cuando miles de madrileños secundaron una petición para pedir la retirada de la concesión.