ConBici quiere conocer, y difundir, cómo es el aire que respiramos al pedalear y caminar por nuestras ciudades. Y, para eso, usará un medidor móvil evaluado por el CSIC (Consejo superior de Investigaciones Científicas) y cuyos datos compartirá después en su web a través de una aplicación.
Las personas que caminan y van en bici no emiten contaminación y son, por tanto, desplazamientos de 0 emisiones que deben ser considerados como prioritarios en las ZBE. Estas zonas, además de restringir los desplazamientos en vehículos a motor de combustión, deben garantizar la promoción de la movilidad activa y segura a pie y en bicicleta y el transporte público de manera prioritaria y decidida. Las asociaciones ciclistas reclaman junto con el resto de las organizaciones socias de Clean Cities medidas que garanticen la ciclabilidad fácil y segura en las ciudades. Solo así se podrá conseguir una mejora de la calidad del aire consistente y duradera que proteja la salud de la población y evite el coste económico y social de las enfermedades y mortalidad prematura que produce la contaminación atmosférica.
Recientemente la Organización Mundial de la Salud ha actualizado las recomendaciones para los principales contaminantes urbanos. En la revisión efectuada, la OMS ha tenido en cuenta las evidencias científicas publicadas que advierten que incluso a bajas concentraciones de los contaminantes mencionados existe un impacto en la salud que puede ser extremo. Existen evidencias robustas sobre el aumento del riesgo de enfermedades respiratorias, como infecciones respiratorias y asma, cardiovasculares, como infartos cardiacos y cerebrales, cáncer de pulmón y deterioro cognitivo. Pero también las evidencias advierten sobre retrasos del crecimiento y la maduración intrauterina. El mayor impacto de los tóxicos ambientales recae en la población infantil y vulnerable comprometiendo la salud a futuro de la población.
Se estima que 42 millones de españoles, el 88% de la población, respiró aire contaminado en 2020.
Analizando los datos que publicaron las administraciones en sus estaciones de medición durante el 2020, se estima que la población española que ha respirado aire contaminado alcanza los 42 millones de personas, el 88% de la población. Y eso pese a que, durante el estallido de la pandemia por el Covid-19, las restricciones en la movilidad y la disminución del tránsito rodado produjeron una mejora de la calidad del aire en ciudades y carreteras del estado español.
A pie de calle
Los contaminantes primarios provenientes del tráfico disminuyen la concentración según nos alejamos del foco. Por lo tanto, los niveles registrados por las estaciones fijas de medición podrían ser más bajos que los que respiramos la población en las calles. Exposiciones puntuales, condiciones de mala dispersión de contaminantes aumentan la mala calidad del aire. Especialmente preocupan los menores que por su menor estatura respiran concentraciones superiores a las inhaladas por los adultos (en torno a un 15% más) siendo además más susceptibles a los efectos negativos de los contaminantes por estar en etapa de desarrollo. Por todos estos motivos, la mala calidad del aire que respiramos es ya un grave problema de salud pública. Será necesaria la implicación política, administrativa y ciudadana para solucionarlo, teniendo siempre en cuenta las diferencias entre quienes causan el problema y quienes lo sufren.
La ley de cambio climático y transición energética exige a los municipios españoles de más de 50.000 habitantes la implantación de Zonas de Bajas Emisiones.
Es por ello que a partir de 2023, la ley de cambio climático y transición energética que entró en vigor en mayo de 2021, exige a los municipios españoles de más de 50.000 habitantes la implantación de Zonas de Bajas Emisiones. Las ZBE serán zonas delimitadas dentro de las urbes donde se restringe el tráfico ya sea en cuanto a circulación, acceso o aparcamiento o en base a la clasificación medioambiental, es decir, discriminando por la etiqueta de la DGT.
En el caso de la contaminación por PM2,5, los vehículos eléctricos emiten cantidades similares de PM2,5 a los vehículos de combustión, por lo que solo la reducción drástica del número total de coches que circulen será efectiva para conseguir mejorar la calidad del aire. No existe un marco legislativo común para aplicar en las ZBE y no hay obligación de priorizar decididamente los trayectos a pie o en bicicleta. Para CONBICI esta omisión es incomprensible porque el desplazamiento activo tiene una etiqueta de 0 emisiones.